La encrucijada hídrica de Chile, el país latinoamericano más afectado por la escasez de agua

La crisis hídrica en Chile se ha intensificado, situando al país en una posición crítica a nivel latinoamericano. Según el World Resources Institute, Chile enfrenta un «estrés hídrico alto» debido a que la demanda de agua excede significativamente su disponibilidad. La situación se agrava por una gestión inadecuada y problemas en la gobernanza del agua. En este sentido, un estudio de la Fundación Chile destaca que un 44% de los problemas hídricos se deben a fallas en la gestión y gobernanza del agua, seguidos por el impacto de las actividades productivas con un 17% y la contaminación química en la agroindustria​​ con un 14%.

Asimismo, según reportó en 2022 la Organización Meteorológica Mundial (OMM), actualmente, Chile atraviesa la crisis hídrica más larga de los últimos mil años; una «mega sequía» que ya dura trece años. Investigadores de la Universidad de Chile desarrollaron en julio del año pasado una plataforma interactiva que proporciona datos climáticos y de disponibilidad de agua durante las últimas seis décadas, con el fin de ayudar en la toma de decisiones en medio de esta prolongada sequía que afecta al centro y sur de Chile.

Los desafíos hídricos de Chile Los desafíos que presenta la crisis hídrica en Chile son multifacéticos. El informe «Escasez Hídrica en Chile: Desafíos Pendientes» de las Naciones Unidas, resalta varios aspectos críticos, incluyendo los efectos del cambio climático, la inadecuada gestión de los recursos hídricos, la falta de infraestructura adecuada, y un marco legal que no prioriza el consumo humano de agua. En concreto, los desafíos hídricos de Chile son: (1) los efectos del cambio climático; (2) presiones de las actividades productivas y/o extractivas; (3) la gestión no integrada de los recursos hídricos; (4) la falta de infraestructura adecuada; (5) el marco legal que no explicita el derecho humano al agua y no prioriza el consumo humano; (6) la dispersión institucional en la toma de decisiones; y (7) disponibilidad y uso limitado de datos para la toma de decisiones.

Además, este informe enfatiza que las poblaciones más vulnerables, especialmente en zonas rurales y pobres, son las más afectadas, situación exacerbada por la pandemia de COVID-19.

La hoja de ruta Ante esta crisis, el gobierno de Chile ha respondido con medidas implementadas dentro de los diferentes planes puestos en marcha, como el Plan Nacional de Rehabilitación de Pequeños Embalses, Tranques y Canales, el Plan de Embalses, iniciativas de agua potable rural e indicaciones a proyectos de ley sobre desalinización, regeneración y reutilización de aguas servidas, y extracción de áridos. Recientemente, también se ha anunciado la instalación de una planta desaladora en Coquimbo para 2029.

Sin embargo, a pesar de la existencia de veinte decretos de escasez vigentes en ocho regiones del país, lo que implica que casi 6 millones 300 mil personas en 128 comunas viven en sequía, según la ministra de Obras Públicas, Jessica López, expertos sugieren que se necesita una mejora significativa en la gestión del agua, enfatizado en la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos que se enfoque en la coordinación entre distintos actores y sectores, así como en la regulación y control en el uso del agua. Además, se considera esencial la reutilización de aguas residuales y la recuperación de ecosistemas como parte de un enfoque sostenible.

Asimismo, para fortalecer la gestión del agua, se está impulsando la colaboración público-privada, crucial para el desarrollo de los Organismos de Cuenca en Chile. Esta colaboración busca integrar recursos y conocimientos de ambos sectores para una gestión más efectiva y sostenible del agua, y trazar los caminos a seguir frente a la emergencia hídrica que vive el país.

Estas propuestas están alineadas con las recomendaciones de diversas organizaciones y expertos que resaltan la importancia de la gobernanza y la institucionalidad del agua para enfrentar esta crisis. En consecuencia, la situación demanda un enfoque multifacético que abarque desde la tecnología hasta la legislación y la conciencia pública.

Fuente: iagua.es

Crisis hídrica en Coquimbo: Especialistas plantean medidas para enfrentar la emergencia regional

Desde 1924, el norte chico mantiene registros de situaciones de sequía y bajas precipitaciones, una realidad que ha condicionado este territorio. Sin embargo, en los últimos 15 años la región ha enfrentado una megasequía sin precedentes históricos. Así lo señala Linda Daniele, Doctora en Hidrogeología y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, quien afirma que esta es una de las peores crisis hídricas de las que se tenga registro. “Se enmarca en una región que ya tiene un clima semiárido, entonces la ausencia de precipitaciones significa reducir aún más los recursos que se tienen disponibles”, explica la académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

La situación sigue empeorando, tal como consigna el informe semanal más reciente de la Dirección General de Aguas (DGA). En él se advierte que siete embalses de la Región de Coquimbo se encuentran en volúmenes menores al 20% de su capacidad. Uno de los que presenta niveles dramáticos es el embalse Cogotí, en la provincia del Limarí, que está a solo un 2% de su capacidad. Esta emergencia se encuentra asociada a una baja de precipitaciones evidenciada también por la DGA, que en el mismo informe advierte sobre siete estaciones de monitoreo en la Región de Coquimbo que dan cuenta de un déficit de lluvias del 100%.

Marco Garrido, director del Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile (CEAZA), advierte la gravedad de este fenómeno, que no solo responde a circunstancias ambientales. El también académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile sostiene que los requerimientos hídricos a nivel regional incluso han aumentado respecto a años anteriores, lo que sumado a las bajas precipitaciones ha empeorado una situación crítica. “Pan de Azúcar, un cordón hortícola bien importante en la región (…) se viene monitoreando el nivel de los pozos y estos han descendido nuevamente medio metro al año. Eso encarece el acceso y hace más difícil el acceso al agua”, indica Garrido.

¿Bastará con una desaladora? En su tercera visita a la Región de Coquimbo como Presidente, Gabriel Boric confirmó esta semana que la región contará con su primera planta desaladora multipropósito, estimando su puesta en marcha para 2029. De esta manera, se sumará a regiones como Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío y Magallanes, que ya han implementado plantas desaladoras. Esta se ubicará en los márgenes de la ciudad de Coquimbo, en el sector de El Panul, donde se estima que inicialmente pueda producir entre 200 y 600 litros de agua por segundo, para llegar -eventualmente- a los 1.200 litros por segundo.

Según el primer catastro nacional de plantas y proyectos de desalinización de agua, realizado por la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES), con esta obra se contabilizarían 31 plantas de este tipo a nivel nacional, tanto en funcionamiento como en etapa de proyecto, siendo 22 las que hoy están operativas.

Este anuncio ha sido recibido con un amplio optimismo por parte de la comunidad de la zona, pero -al mismo tiempo- hay voces que hacen un llamado a la cautela. Entre ellas se encuentra María Christina Fragkou, directora del Programa Transdisciplinar de Medio Ambiente e integrante del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, quien apunta a los potenciales costos que tendrán estas aguas para el consumo humano y la posibilidad de que esta solución encarezca el costo de la vida en la zona. “Las ciudades norteñas que actualmente se abastecen con agua desalinizada, su cuenta de agua es entre tres y cuatro veces más alta en comparación con las ciudades del centro”, afirma la también académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile.

En este sentido, el proyecto no puede ser visto como una solución total al problema de la megasequía. Como afirma el director del CEAZA, Marco Garrido, además de una implementación que tardará tres años, también es necesario considerar el factor acumulativo de la sequía, que volverá insuficiente a esta infraestructura cuando entre en funcionamiento. “Una planta desalinizadora siempre es una buena noticia, porque básicamente lo que hace es aumentar el presupuesto de agua y con agua de relativamente buena calidad que puede ser utilizada para la agricultura y consumo humano (…) No obstante, mientras no haya medidas de adaptación de la agricultura a una condición con menos agua es difícil avanzar”, aclara.

La profesora Fragkou coincide con esta visión y es clara al señalar que ninguna tecnología permitirá mitigar los efectos de la sequía mientras no haya mejores estrategias de gestión del recurso. “No creo que haya una solución tecnológica que pueda ayudar. Yo creo que las soluciones van mucho más por estrategias más blandas, como gestión integral, resolución de conflictos con los actores y también, claramente, priorizar usos”, asegura la académica.

Unir tecnologías con estrategias de gestión Dado que la Región de Coquimbo es una zona agrícola, no es sorpresa que un 70% de sus recursos hídricos vayan dirigidos a ese sector. El profesor Garrido sostiene que este consumo sobrepasa con creces el presupuesto de agua, lo que genera una condición de desbalance permanente. Sin embargo, también destaca que es un sector que agrupa tanto a pequeños como grandes productores. Al respecto, Linda Daniele plantea que “la ausencia de agua significa también que quien sufre más es la persona que menos capacidad económica tiene de enfrentar esta ausencia de agua. Entonces, el problema hídrico se torna también un problema social importante en estos territorios”.

Esta emergencia representa un golpe bastante fuerte al sector frutícola de esta región, cuyos productores incurren en inversiones muy altas y asociadas a un gran riesgo. “Siempre que se inicia un proyecto agrícola, sea pequeño, mediano o grande, este comienza a ser rentable varios años después, es decir, cuando el plantel ya entra en producción y los números se vuelven azules”, indica Marco Garrido. Por ello, el agrónomo de la Universidad de Chile apunta a una diversificación hacia especies que utilicen una menor cantidad de agua, además de estrategias agroecológicas.

Por otra parte, María Christina Fragkou también apunta a modificar la asignación de derechos de agua, asegurando que estos incentivan un mayor consumo. “En muchos casos, al ver que llegaste a la mitad del agua, esto implica que alguien diga 'bueno, entonces vamos a comprar más tierra para sembrar más porque me sobra el agua' (…) Si alguien paga por su agua, entonces un agricultor tiene el incentivo de usar su agua mucho más eficientemente porque así se va a ahorrar dinero", plantea la académica.

Finalmente, otro aspecto que se debe considerar y ha sido aplicado en otros países, es el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Este tipo de iniciativas, puntualiza el profesor Garrido, “es una política que podría ampliarse a ciertos sistemas no solamente en la región, sino también a nivel nacional. Generar circuitos de agua que sean específicos de aguas servidas grises tratadas y que puedan ser utilizadas para el riego y, de esta manera, poder distribuir de una forma más justa el recurso”, concluye.

Fuente: Uchile.cl

Falla en desaladora de Antofagasta pone en entredicho “seguridad hídrica” a favor de mineras

“La ampliación de la planta desalinizadora nos dará una seguridad hídrica que es muy necesaria para el sector productivo y agrícola de la región y, algo que es fundamental, que es abordar el agua para consumo derivado de la crisis habitacional que vive esta región”.

Es noviembre de 2022 y el que habla es el por entonces ministro de Obras Públicas Juan Carlos García -hoy embajador de Chile en Canadá-, sobre la ampliación de la planta de procesamiento de agua de mar de Aguas Antofagasta y que transformaría a la capital regional en la primera ciudad de América Latina en ser abastecida 100% con agua desalinizada para el primer trimestre de 2024.

La prensa destacaba que el proyecto, ubicado en el sector de La Chimba de la ciudad de Antofagasta, “representa la mayor inversión histórica en la industria sanitaria regional” con un costo estimado de $130 millones de dólares.

Sin embargo, un año después de las auspiciosas palabras del ministro García, el 3 de diciembre de 2023, la mencionada planta sufrió una falla eléctrica que derivó en una cadena de errores que provocó una crisis sanitaria que dejó por cinco días al 60% de los habitantes de Antofagasta sin agua potable y a la Seremi de Salud decretando a la capital regional como “Zona de Riesgo Sanitario”.

El corte masivo, además de los problemas ocasionados a la población, generó una serie de declaraciones y recriminaciones entre autoridades locales, gobierno central y la empresa Aguas Antofagasta en medio de la crisis.

Derecho fundamental Mientras la delegada presidencial, Karen Behrens, acusaba “negligencia inexcusable” por parte de la empresa contratista que provocó el corte eléctrico y de tener una “acción errática” a Aguas Antofagasta, el alcalde de la ciudad, Jonathan Velásquez, era apuntado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de no conformar -como la ley lo obliga- el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (COGRID).

La emergencia sanitaria que provocó la falla de la planta desaladora puso en entredicho la “seguridad hídrica” que aseguraba hace un año el exministro García, pero más preocupante aún, dejó en evidencia que el derecho fundamental de la población al acceso a agua potable está sustentado en una normativa que no se cumple cuando se está frente a una crisis, lo que no ocurre en el caso de empresas extractivistas como es la industria de la minería.

En 2022 se reformó el Código de Aguas que establece en su Artículo 5 que “el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”.

El mismo artículo establece que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.

Sin plan de emergencia Ese es uno de los argumentos expuestos en el recurso de protección que el abogado Antonio Rojas interpuso en contra de Aguas Antofagasta y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a raíz de la emergencia sanitaria generada por el corte de agua.

La acción judicial acusa a la empresa de no contar con un plan de emergencia, tal como establece la ley. De igual forma, el recurso va en contra de la SISS por no realizar su labor fiscalizadora.

En el documento también se hace mención al decreto tarifario N°133 del año 2017, que establece un aumento de las tarifas de las cuentas de agua para la construcción de obras de seguridad.

Este aumento de tarifas debía ser autorizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios una vez que se comprobara la entrada en operaciones de dichas obras, cuestión que no ocurrió y que quedó de manifiesto con la emergencia sanitaria vivida en diciembre pasado.

El recurso indica que a la fecha no existe un plan de emergencia sanitario que pueda hacerse cargo de un nuevo posible corte de suministro de agua potable.

“Dicho decreto, indicaba que los aumentos de las tarifas serán autorizados mediante resoluciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios una vez que se compruebe la entrada en operación de dichas obras de seguridad, cuestión que en la práctica, no ocurrió, toda vez que de haber existido los estanques de agua comprometidos, probablemente se habría prevenido la crisis sanitaria ocurrida en la ciudad de Antofagasta entre los días 3 y 8 de diciembre de 2023”, expone el escrito.

La acción judicial argumenta que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización de Naciones Unidas (ONU), han determinado que el acceso a agua potable es un derecho humano fundamental, razón por lo cual el corte de suministro reviste una importancia y urgencia fundamental.

Fuente: Eldesconcierto.cl

Gobierno de Santiago entregará 19 mil dispositivos para reducir el consumo de agua en hogares

En el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, se dio la partida a los eventos de entrega de dispositivos para la eficiencia hídrica domiciliaria que, durante el mes de enero, estará llevando a cabo el Gobierno de Santiago en un total de cinco comunas de la Región Metropolitana.

Las actividades abarcarán, además, a La Florida, Puente Alto, Maipú y Cerrillos, las que -junto a Peñalolén- forman parte del primer piloto demostrativo de la campaña “Influye por el agua”. Esta es parte de los resultados de la iniciativa Maipo Resiliente, iniciativa impulsada por la autoridad metropolitana junto a la asesoría experta de Escenarios Hídricos 2030, de Fundación Chile.

La campaña tiene como objetivo generar conciencia respecto de la crisis hídrica que afecta a la Región Metropolitana, la que se abastece de la cuenca del río Maipo, de los glaciares cordilleranos, de las aguas subterráneas y de los ríos Mapocho y Maipo. Hoy el agua disponible en esa cuenca sigue siendo insuficiente y se calcula que se necesitandos ríos Maipo hoy para cubrir la demanda de agua de la cuenca. Es por eso que la campaña busca crear conciencia de que “todos tenemos un rol” para enfrentar la urgencia y evitar, así, que Chile entre al grupo de los 30 países con mayor riesgo hídrico del mundo al 2025.

El evento de inicio en Peñalolén, donde se entregaron 2.330 dispositivos de eficiencia hídrica, fue encabezado por el gobernador Claudio Orrego, quien destacó el ejemplo que darán los hogares beneficiarios de la campaña con su aporte concreto a la disminución del consumo, algo que podrían replicar otros para sumarse al esfuerzo de alcanzar la seguridad hídrica de la región.

“Como Gobierno de Santiago estamos en varios proyectos que creen y aumentan la conciencia de que el agua escasea y de que tenemos que generar seguridad y ahorro hídrico. El proyecto se llama Maipo Resiliente, un proyecto de varios millones de pesos que tiene invertido el Gobierno de Santiago y que ejecutamos en conjunto con municipios y Fundación Chile. Con los dispositivos que estamos entregando hoy, se puede ahorrar hasta un 50% del agua griferías en las casas. Si todos los santiaguinos pudiéramos ahorrar eso, tendríamos agua de sobra para el consumo humano y actividades económicas. Tal como dice nuestra campaña ´Influye por el agua, entre todos podemos hacer una sociedad más resiliente y adaptada al cambio climático´”, expresó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Impacto de dispositivos de eficiencia hídrica en hogares El gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, Ignacio Santelices, aprovechó la oportunidad para entregar algunas cifras respecto del consumo de agua: “Hoy el consumo promedio de agua por persona en Chile alcanza los 170 litros al día, lo que equivale a más de 110 botellas de litro y medio, sin considerar el gasto en riego cuando existe. Esto está muy por encima de las 60 botellas diarias mínimas recomendadas por cada habitante. Si se aplican medidas de ahorro de agua a nivel domiciliario, utilizando, por el ejemplo, los dispositivos de eficiencia hídrica y otras medidas más, el consumo podría bajar al equivalente de 50 botellas diarias, lo que se traducirá en -al menos- un 25%, de ahorro en la cuenta total de agua de un hogar”.

Los 19 mil dispositivos tecnológicos que se entregarán a los vecinos de las cinco comunas, permitirán reducir el flujo a través de aireadores para el lavaplatos, lavamanos y ducha, además de controlar en tiempo real el consumo de agua en la ducha gracias a un caudalímetro y a un temporizador para este último artefacto. La entrega incluye, además, un folleto con recomendaciones para optimizar el uso de agua.

Uno de los elementos más llamativos entre los dispositivos que se regalarán, está el caudalímetro que, como indica su nombre, mide el caudal para baños. De forma interactiva y visual, este dispositivo monitorea el uso de agua en la ducha gracias a su indicador digital, que muestra el consumo de agua en litros por minuto en tiempo real y concientiza al usuario del agua que utiliza. Además, cuenta con un sistema de iluminación LED que cambia de color según el volumen de agua consumido: hasta 40 litros, indica el color verde que equivale a un consumo bajo; entre 40 a 60 litros, muestra el amarillo por un consumo medio; y por más de 60 litros, se enciende una luz roja que refleja un consumo alto. Gracias al uso de este caudalímetro, los beneficiarios podrán ver un impacto positivo no solo en la reducción del consumo hídrico, sino que también un ahorro monetario en las cuentas de agua y gas.

«En la Región Metropolitana, el consumo domiciliario es tremendamente relevante. Un tercio de lo que gastamos en agua se gasta en nuestras casas. Por eso es que partimos con este piloto de entrega de 19 mil dispositivos en 4.000 hogares de la región para poder reducir el consumo hídrico. Con estos dispositivos que se colocan en la ducha, los lavaplatos, los lavamanos. El agua que va a permitir ahorrar nos permite tener una agricultura sana, ecosistemas sanos, y que todos los santiaguinos podamos tener agua disponible», sostuvo el Coordinador del Departamento de Medioambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Gobierno de Santiago, Mauricio Fabry.

El impacto del ahorro será monitoreado por los impulsores del proyecto, en convenio con las empresas sanitarias Aguas Andinas y SMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado).

Fuente: Fch.cl

NOTICIAS INTERNACIONALES

México será un país cada vez más seco en este 2024

Las sequías no son un problema exclusivo del norte de México. Durante 2023 se extendieron a zonas del centro y sur del país a tal grado que la proporción del país con algún grado de sequía aumentó 1.28% en solo 16 días.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las zonas secas representaron 47.1% del territorio al 15 de diciembre del año pasado y alcanzaron el 54.8% el 31 del mismo mes.

Para 2024 el pronóstico no es alentador. Este año inició con una quinta parte del país con algún grado de sequía. Solo 24% del territorio no registra afectaciones.

La disminución de las lluvias y un año inusualmente caluroso son algunos factores para que México sea, cada vez más, un país seco. Pero no son las únicas.

También contribuyen la falta de una estrategia gubernamental para mitigar los efectos del cambio climático y los recortes presupuestales al principal organismo encargado de la seguridad hídrica del país.

Más calor y sequía Por las elevadas temperaturas y la falta de lluvias, el 2023 rompió récords. Se convirtió en el año más cálido del que se tenga registro en México y en el más seco desde 1941, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En contraste, la acumulación de agua de lluvia fue 21.1% más baja que el promedio registrado entre 1991 y 2020.

Esto provocó que el área afectada por sequía excepcional aumentara de 0.8 a 3%, la más grande de los últimos 10 años. Este tipo de sequía es el más severo y se caracteriza por “escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos” y por una “probable situación de emergencia debido a la ausencia de agua”, describe el Monitor de Sequía de América del Norte.

En total, 74 municipios del país tienen sequía extrema. Veintiún de ellos están en San Luís Potosí, 16 son de Sonora, 12 de la Ciudad de México, 11 de Hidalgo, 10 de Durango y cuatro de Querétaro.

El trabajo de Conagua Las acciones de la Conagua para atender esta problemática se basan en implementar operativos de emergencia en los municipios con sequía. En estos se bombea agua a los acueductos y se abastece a la población a través de pipas. Tres operativos se mantienen vigentes en San Luís Potosí y Sonora.

El organismo construye, además, obras de abastecimiento de agua potable a centros urbanos. Se trata del Acueducto Yaqui, para la población del mismo nombre asentada en Sonora. También levantó la presa Santa María, en Sinaloa, estado donde además construye el Acueducto Concordia.

La dependencia rehabilita el Acueducto López Mateos-Xpujil en Campeche y el Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, proyecto con el que busca regular los cuerpos de agua de la zona.

Mientras que en Jalisco rehabilita la presa El Zapotillo, y en Monterrey, municipio afectado severamente por las sequías de 2022 y 2023, construyó en tiempo récord el Acueducto El Cuchillo II, que actualmente opera por debajo de su capacidad.

En Nuevo León, también se construye la presa La Libertad; en la Comarca Lagunera se reemplazará el acuífero principal, y en Tabasco se construyó la Planta Potabilizadora Benito Juárez para suministrar 500 litros por segundo a más de 99 mil habitantes.

En estos proyectos se invierten 96,000 millones de pesos, afirma Germán Martínez Santoyo, director general de la Conagua.

Fuente: Politica.expansion.mx

Global: El aumento de Data Centers en todo el mundo ha causado un enorme impacto negativo en el medio ambiente

Los Data Centers, o centros de datos, están surgiendo en todo el mundo para hacer frente a la gran demanda de información proveniente de la creciente red de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras y tabletas, que forman parte de la vida diaria de la mayoría de las personas y también de la economía global. A pesar de ser necesarios y representar un enorme avance tecnológico, estos grandes centros de datos han tenido un gran impacto negativo desde una perspectiva sostenible y climática.

Durante años, las empresas que operan centros de datos se han enfrentado a grandes desafíos relacionados con la alta demanda de electricidad que utilizan los dispositivos electrónicos para almacenar y mover información digital, pero poco se sabe o se dice sobre el consumo de agua de estos centros. Pero, ¿por qué es relevante el consumo de agua en estos centros? El agua es el principal elemento que conforma el sistema de refrigeración de estos lugares, que se sobrecalientan debido al alto procesamiento de datos.

Una encuesta realizada en 2023 por el Uptime Institute encontró que solo el 39 % de los centros de datos realizan un seguimiento de su uso de agua, lo que significa que el consumo de agua no es una preocupación para las Big Tech: grandes empresas de tecnología que tienen sus propios grandes centros de datos.

Sustainalytics, que evalúa los riesgos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), dijo recientemente que analizó 122 empresas que operan centros de datos y descubrió que solo el 16 % reveló información sobre sus planes para gestionar los riesgos relacionados con el agua.

Un gran dilema entre las empresas que administran centros de datos es elegir cómo van a mantener frías sus torres de procesadores y para ello existe la posibilidad de consumir menos agua y usar más electricidad o pueden usar menos energía y consumir más agua. Como podemos imaginar, la elección les resulta fácil, ya que el agua es un recurso mucho más barato.

Según el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, un centro de datos de tamaño mediano consume un total de alrededor de 300.000 galones de agua por día, o el equivalente al consumo de mil hogares en Estados Unidos (EE.UU.). Su consumo directo in situ ubica a los centros de datos entre los 10 principales usuarios de agua en los sectores industrial y comercial de EE.UU.

Un ejemplo de este alto consumo es el futuro centro de datos de la empresa Meta, ubicado en Talavera de la Reina, España. Según el proyecto, se deberían utilizar 665 millones de litros al año. Ésta es la cantidad de agua que consume al año una ciudad de 10 mil habitantes. En situaciones de calor máximo, este servidor necesitará unos 195 litros por segundo para enfriar sus componentes electrónicos.

En el momento actual que vivimos, con los efectos del calentamiento global cada vez peores y más evidentes, especialmente con el aumento de la ocurrencia de eventos de sequía extrema, comienzan a surgir conflictos entre los dueños de estas empresas tecnológicas y las comunidades que viven cerca de sus centros de datos. Países como Chile , Uruguay y parte de EE.UU. ya enfrentan este tipo de situaciones. En otros lugares más fríos, como Irlanda y los Países Bajos, el desarrollo de nuevos centros de datos se ha visto bloqueado debido a estas preocupaciones sobre el consumo de energía y agua.

Medidas para controlar el consumo de agua en los centros de datos A partir de marzo de este año, la Comisión Europea exigirá a las empresas que pongan a disposición del público datos sobre su consumo de energía y agua. En el Reino Unido, la empresa de servicios públicos Thames Water está investigando cuánta agua utilizan los centros de datos de la ciudad de Londres para evaluar el ajuste de precios para estas empresas que consumen mucha agua.

En España, la empresa Meta afirma que recicla el agua utilizada en sus instalaciones y que ha reducido el nivel de humedad controlada en las salas de datos donde utiliza refrigeración evaporativa directa, reduciendo el consumo de agua entre un 10 % y un 65 % en estas instalaciones.

Fuente: Meteored.com

La sequía afecta a una cuarta parte de la humanidad, alterando vidas en todo el mundo

Las sequías son consideradas como el fenómeno climático que provoca la mayor cantidad de afectados en el mundo. Según la Real Academia Española, la sequía es simplemente un tiempo seco de larga duración, sin embargo en términos concretos implica no sólo un déficit de lluvias sino también un fuerte desequilibrio que afecta a las plantas, los animales y los seres humanos.

Están asociadas a efectos negativos sobre la salud humana, al incremento de la inequidad de género, al detrimento de la seguridad hídrica, a reducciones del potencial energético global y al surgimiento de conflictos bélicos e inestabilidad política.

Las numerosas sequías registradas en todo el mundo se producen en un momento en que las temperaturas mundiales alcanzan máximos históricos y la inflación de los precios de los alimentos aumenta. Si bien esto tiene antecedentes en el mundo, lo que hoy es diferente se centra en que existen niveles récord de hambre por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, que se agravó con las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza.

La principal preocupación radica en los altos precios de los cereales y en que caería el rendimiento del arroz en el sudeste asiático, una región donde el arroz es fundamental en todas las comidas. El arroz es muy vulnerable a las condiciones meteorológicas, y los gobiernos son, a su vez, muy vulnerables a las fluctuaciones de los precios del arroz.

Según la Oficina para Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU, la sequía fue el evento climático que más personas afectó en el planeta a lo largo del siglo XX. Esta íntimamente ligada a la pobreza y de acuerdo a un informe de la FAO fue la causa de un tercio de las pérdidas globales de producción agrícola entre 2005-2015 por un monto de 96.000 millones de dólares.

La reducción de la lluvia y humedad del suelo provoca una disminución del crecimiento de las plantas, un aumento del estrés en la vegetación, la generación de materiales combustibles -que sumado a las altas temperaturas- pueden provocar incendios forestales. En el caso de los animales, la sequía puede obligarlos a migrar en busca de alimento y/o hábitats adecuados.

La sequía: causas y consecuencias Este fenómeno natural ocurre con cierta regularidad en el planeta desde mucho antes de que el ser humano apareciera, aunque eso no significa que el hombre esta libre de culpa y cargo. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluye que “existe una relación directa entre el cambio climático antropogénico y la intensificación de las sequías”.

Justamente, el informe ‘Droughts in numbers 2022’ elaborado por la ONU, asegura que el número y la duración de las sequías ha aumentado un 29 % desde el año 2000, teniendo como referencia las dos décadas anteriores. Se calcula que 55 millones de personas se ven afectadas por las sequías de forma directa cada año.

Esto no significa que todas las sequías tengan origen en el cambio climático, de hecho la última sequía que sufrió nuestra región esta directamente relacionada con “la Niña”, es decir la fase fría que se da en las aguas superficiales del océano Pacífico.

Como sea, las sequías tienen un impacto directo en la vida humana, con consecuencias de distinta gravedad. De acuerdo con el National Drought Mitigation Center de EE.UU., las secuelas pueden ser: económicas, ambientales y sociales.

• Económicas: ocurren cuando los agricultores que pierden sus cultivos o los ganaderos que tienen que alimentar a sus animales en ausencia de pastos.

• Ambientales: destrucción de los hábitats fluviales, pérdida de humedales, aumento de la erosión o pérdida de calidad del suelo.

• Sociales: aparición de problemas relacionados con la mala calidad del agua o enfermedades respiratorias por el aumento del polvo en suspensión, migraciones forzosas a lugares con más trabajo o mejores condiciones agrícolas.

Fuente: Meteored.cl

Los niveles récord de sequía asfixian a España y la obligan a tomar medidas de emergencia

Un pasto amarillento y descuidado, restos de arbustos en mal estado y una gran fuente que en su interior no tiene ni una sola gota de agua es lo poco que tiene para ofrecer hoy la Plaza de España de Barcelona, en una postal que queda muy lejos de su mejor versión, pero que escenifica uno de los mayores dolores de cabeza que afectan a Cataluña y al resto del este y sur de España. Con las reservas de agua en niveles críticos en varias zonas, el país se enfrenta hoy a una de las peores sequías de las que se tenga registro, y que ya significó pérdidas millonarias para el sector agropecuario y la aplicación de fuertes restricciones en varias regiones, efectos que amenazan con profundizarse aún más frente a una situación que según expertos podría no tener una salida en el corto plazo.

Como principales focos de la sequía en el país, las comunidades de Andalucía y Cataluña son las que más alertas han hecho sonar por la situación que atraviesan sus territorios, con sus principales embalses marcando tan solo entre un 19% y un 15% de su capacidad, lo que tiene a ambas regiones frente a las peores sequías registradas en su historia, y que tienen bajo una fuerte presión a sus habitantes.

Así, en Cataluña ya son habituales en varios municipios los cortes de suministro de agua durante algunas horas del día y la noche, mientras que prácticamente en toda la región, incluida la capital Barcelona, son varios los meses en que se han aplicado medidas como el corte de agua para las fuentes, fuertes restricciones al regadío de patios privados e incluso de áreas verdes públicas, y prohibiciones al llenado de piscinas o lavado de autos, entre otros. A su vez, el gobierno catalán admitió a inicios de enero que será casi “imposible” evitar que se decrete estado de emergencia en Barcelona, lo cual implicaría la entrada en vigor de medidas aún más restrictivas.

En Andalucía, en tanto, ya son más de cinco millones de personas las que se han visto afectadas en el último tiempo con restricciones de diversa consideración, mientras las autoridades debaten una serie de medidas de urgencia como la utilización de desalinizadoras portátiles, el suministro de agua a grandes ciudades por medio de barcos —algo que también se contempla en Cataluña—, y hasta dejar de poner la vista en los cielos para mirar hacia la tierra con sondeos para la reapertura de pozos antiguos y captación de ríos subterráneos.

Y es que las bajas precipitaciones han sido la tónica de los últimos años en estas zonas, y el inicio del actual invierno (boreal) sigue sin dar grandes esperanzas, con cielos mayormente despejados en los últimos días y previsiones de pocas lluvias en los sectores más golpeados por la sequía, que necesitan desesperadamente aumentar los niveles de sus embalses antes de que vuelvan a subir las temperaturas.

“La situación es muy mala, y lleva siendo así un tiempo en zonas como Andalucía y Cataluña, donde el nivel de consumo de agua se ha mantenido muy por sobre el nivel de reservas que se ha podido acumular en los últimos meses y años, y que es muy bajo por el descenso continuo de las precipitaciones. Si bien durante un tiempo las sequías se pueden gestionar con reservas de agua, la falta de ellas ahora es lo que tiene a estas zonas en una situación crítica. E incluso otras comunidades que aún mantienen cierto nivel de reservas estables hoy, mañana podrían verse también en una crisis si la sequía se extiende, algo que es posible en un país como España, donde las grandes sequías pueden durar varios años, y que por efectos del cambio climático se volverán aun peores”, dijo a “El Mercurio” Julio Berbel, catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía.

Pérdidas Justamente, otras zonas como la Comunidad Valenciana están hoy en peligro de entrar en una fase más crítica de la sequía, tras un 2023 en el que si bien sus principales embalses resistieron lo suficiente para asegurar el suministro de agua durante unos meses, aún depende de que los próximos meses se vean acompañados por un aumento de las precipitaciones, luego de un otoño (boreal) marcado por la falta de lluvias.

Así, a pesar de que la Generalitat de Valencia no ha aplicado grandes restricciones al uso del agua, la sequía sigue dejando su evidente marca en sectores como el campo. Y es que basta con recorrer zonas agrícolas en los alrededores de la ciudad de Valencia para notar viñedos y otras plantaciones completamente secas, con tierras agrietadas por la falta de agua, una situación que se repite en otras de las zonas más afectadas por esta realidad, y que registran pérdidas millonarias en sus cosechas.

“Hay gente que no logró cosechar ni un 20% de sus plantaciones, y tenemos registros de pérdidas de millones de hectáreas en toda España, pero principalmente en el sur. Las pérdidas en dinero van más allá de los 450 millones (de euros), y eso obviamente impacta en el precio de los alimentos, que en muchos productos tuvo un alza importante este año”, dijo Luis Ibáñez, de la oficina de Andalucía de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España.

“El sector más presionado es el campo y debiese ser hacia donde más de destinen las ayudas para evitar una reacción en cadena que evite que el impacto de la sequía vaya más allá del uso de agua y pase a tener un costo económico mayor para todos los españoles (…) Por eso veo como inevitable el que se tendrá que pensar cada vez más en restricciones al uso del agua en grandes centros urbanos, para evitar un colapso del campo”, dijo a este diario José Salas, experto en gestión de recursos hídricos de la Universidad Politécnica de Valencia.

Fuente: El Mercurio