A continuación encontrarás una selección de las publicaciones más relevantes sobre los recursos hídricos en Chile de la semana de 06/06/2022.
Fracasan acuerdos con regantes del Aconcagua: DGA a un paso de activar intervención para asegurar consumo humano.
En una carta enviada a Cristián Núñez, director de la cartera sectorial, la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua manifestó que, pese a «nuestra disposición a asegurar el abastecimiento al consumo humano, no podemos aceptar la redistribución en los términos impuestos por la tercera sección por las graves consecuencias que traería a nuestros usuarios», explica la misiva. Además, agregaron que «el sobre otorgamiento de derechos, la sobre explotación del acuífero, la falta de planificación, el inexistente avance en obras de infraestructura hídrica, la no reutilización y generación de nuevas fuentes de agua por parte de la autoridad, hace muy difícil la adaptación a la situación hídrica extrema que vivimos en toda la cuenca». Y es en este contexto que desde aquella sección dieron «por terminadas las conversaciones» con las otras juntas de vigilancia.
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Derechos de agua versus certeza jurídica
Señora Directora:
El borrador de propuesta constitucional establece que el uso de las aguas se otorgará mediante meras autorizaciones administrativas, las que serán incomerciables y, por lo tanto, tampoco podrán darse en garantía.
Al mismo tiempo, hoy se discute en las disposiciones transitorias que todos aquellos derechos de aprovechamiento de aguas vigentes deberán regularizarse, pasando a ser frágiles autorizaciones de uso, precarizando los derechos adquiridos por agricultores, consumidores, mineras, sanitarias, APR, y tantas otras actividades que utilizan este fundamental recurso, base de la actividad económica nacional.
Se extraña el mes de enero, cuando tras 11 años de debate vimos cómo transversal y unánimemente el Senado aprobaba una profunda reforma al Código de Aguas, la cual entrega certeza jurídica a los derechos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces e ingresados al Catastro Público de Aguas, fija temporalidad a los nuevos, y aúna criterios de limitación, sanción, extinción para nuevos y antiguos derechos de aprovechamiento. Asimismo, reconoce el derecho humano al agua, prioriza el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. Todos los sectores alabaron esta reforma, que entregó una moderna y robusta regulación en materia hídrica.
En definitiva, la certeza jurídica que se esperaba que diera el proceso constituyente, aquí no está.
Nicolás Rodríguez R. y María Paz Valenzuela
Libertad y Desarrollo
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Seremi de OOPP de Valparaíso confirma intervención estatal de las aguas del río Aconcagua
El 31 de mayo venció el primer plazo impuesto por el gobierno para que las tres juntas de vigilancias de las secciones que forman parte del río llegasen a un acuerdo, y pese a que ese día la primera y segunda junta presentaron una propuesta de racionamiento de agua, fue el rechazo de la tercera sección el que terminó por echar abajo toda opción de diálogo. Esto, por la diferencia en el tiempo que propone cada junta en lo que respecta al cierre de las compuertas. Así, en este contexto, la autoridad regional recalcó la necesidad de iniciar un proceso de intervención por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), y sostuvo que desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúan «propiciando la posibilidad de un acuerdo entre las Juntas de Vigilancia que permita, en el corto plazo, llevar adelante una redistribución en forma más consensuada».
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Las claves del Estatuto de Aguas en el borrador de nueva Constitución
El borrador propone un Estatuto Constitucional del Agua que, entre otras cosas, cambia por completo la forma en que se otorgan los derechos de propiedad y, entre las novedades, establece una Agencia Nacional del Agua y Consejos de Cuenca. La única referencia a materias de agua en la Constitución del 80, establece la propiedad del agua, e indica que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Según la abogada Paula Elías, experta en recursos hídricos, “lo que protege la Constitución y lo que permite este texto es que el agua sea comerciable”. Un derecho de aprovechamiento que se inscribe en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. El abogado de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, afirma que el Estatuto Constitucional del Agua del borrador constitucional, “es un cambio de paradigma profundo, no hay comparación entre uno y otro, porque en la Constitución actual, la única referencia que se hace al agua es al derecho de propiedad sobre el título de aprovechamiento de particulares, que era la manera de estabilizar estas autorizaciones y de robustecer estos derechos de aprovechamiento con la garantía de la propiedad”.
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