A continuación encontrarás una selección de las publicaciones más relevantes sobre los recursos hídricos en Chile de la semana de 08/08/2022.
Consejo de Cuenca: en qué consiste este organismo que el Gobierno Regional de Santiago busca crear para mejorar la gestión de los recursos hídricos (12/08/22)
Alineado con la estrategia para una Transición Hídrica Justa que impulsa el gobierno del presidente Boric, con énfasis en una gobernanza del agua descentralizada y desde los territorios, el GORE de la región Metropolitana está dando los primeros pasos hacia la conformación de un órgano donde participen representantes de todos los usuarios del agua. Mauricio Fabry, coordinador de Medio Ambiente del GORE, explica que desde la Mesa de Emergencia Hídrica se creará este Consejo en un lapso de aproximadamente un año. “El propósito final, más que implementar proyectos, es mejorar la situación hídrica de la cuenca”, agrega Paul Dourojeanni, de Fundación Chile, entidad que asesora a la administración regional en este proceso.
Hace unos meses, a mediados de marzo, el gobernador de la región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, alertó que no estaba descartada la posibilidad de tener que racionar el agua, es decir, que el abastecimiento quizá tendría que ser restringido algunas horas del día. En abril, la autoridad presentó el protocolo formal que se aplicaría en el Gran Santiago (comunas de la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo) ante un eventual racionamiento. Luego de 13 años de la peor sequía de la que se tenga registro en el país, la medida no parecía exagerada, más aún cuando en otros lugares de la zona central ese racionamiento es una realidad hace tiempo.
Llegado el invierno, las lluvias mucho más abundantes que las del año pasado han hecho que algunos olviden la emergencia, pero la escasez hídrica está lejos de solucionarse. Diversos estudios muestran que tanto las aguas superficiales como subterráneas están sobreexplotadas y que las últimas precipitaciones, si bien traen un alivio, no pueden resolver un problema cuyas causas van mucho más allá del cambio climático. Este fenómeno, con su consecuente aumento de temperatura y reducción de lluvias, representa en torno al 18% de las causas de los problemas de agua que vive el país, mientras que un porcentaje mucho mayor está relacionado con una deficiente gestión y gobernanza del recurso. Según reveló un estudio de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, de Fundación Chile, el 44% de las causas de los problemas hídricos se deben a falta de coordinación, de información, falencias en la institucionalidad y la carencia de un marco normativo adecuado para la gestión integrada de recursos hídricos, entre otras (Transición Hídrica, EH2030, 2019).
Por esta razón, en el marco de la Mesa de Emergencia Hídrica instaurada por el gobierno regional (GORE) de la región Metropolitana se incluirá una medida que apunta a abordar esta última situación: trabajar en la creación de un Consejo de Cuenca.
La iniciativa de la administración que encabeza Orrego surge de múltiple evidencia que apunta en esa dirección; por ejemplo, Chile es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no cuenta con organismos de cuenca. Además, en este punto la RM está completamente alineada con el planteamiento hecho por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que también ha observado esa evidencia y decidió iniciar una Transición Hídrica Justa “entendida como un proceso gradual de adaptación de la gestión del agua, para alcanzar la seguridad hídrica” (MMA) con un fuerte énfasis en el cambio de modelo de gestión. Para comenzar, en abril se creó el Comité Interministerial integrado por las carteras de Agricultura, Obras Públicas, Energía, Minería y Ciencia, encabezado por Medio Ambiente, lo que constituye un cambio radical en la mirada del problema.
Ya en marzo, en el Día Mundial del Agua, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, apuntaba que “la sustentabilidad es posible solo si dejamos de mirar el modelo de gestión del agua desde lo sectorialista y pasamos a un modelo inclusivo”.
Y hace tres días, el viernes pasado, tras una reunión del Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa, el MMA difundió un comunicado de prensa donde la ministra Rojas señala que “los equipos técnicos nos presentaron los avances en la gobernanza de los Consejos de Cuencas y ya estamos en la fase final para hacerles una propuesta concreta a los gobernadores y comenzar con estos 16 pilotos”.
En ese marco, el esfuerzo que se está realizando en la RM debiera ser uno de esos pilotos. Así se planteó en una reunión de la mesa temática sobre el Consejo de Cuenca realizada el jueves pasado en el marco de la Mesa de Emergencia Hídrica de la RM, donde -entre otros- estuvieron representados varios ministerios -como MMA, MOP-DGA, Minagri-, Organizaciones de Usuarios de Agua (OUAs), academia, gremios (como la SNA), sanitarias, Corfo, empresas, ONGs y municipios.
Para avanzar en este desafío, el GORE metropolitano buscó la asesoría de Fundación Chile (FCh) –a través de su iniciativa Escenarios Hídricos 2030 (EH2030)-, que asumió como como secretaría ejecutiva de la Mesa de Emergencia Hídrica (MEH).
Paul Dourojeanni Schlotfeldt, líder de gobernanza hídrica de FCh, puntualiza que quienes se reunieron el jueves no son el Consejo de Cuenca, sino el inicio de un grupo promotor que avanzará en la creación del Consejo, donde deben estar representados todos los sectores relacionados con los usos del agua de la cuenca hidrográfica. Además, aclara que el Consejo es un ente deliberativo que será complementado con un órgano técnico.
“En este momento la mesa (de emergencia) tiene como objetivo evitar el racionamiento, y el Consejo de Cuenca va a ser el organismo que a futuro va a tener la labor de coordinar y articular a los actores para evitar medias de racionamiento”, explica Dourojeanni y agrega que el Consejo no es un fin, sino un medio para abordar la situación hídrica.
“No es que Consejo en sí vaya a evitar el racionamiento, sino que es el espacio donde todos los actores que son tomadores de decisiones se coordinan para evitar la emergencia”, subraya el profesional de FCh.
En la misma línea, Mauricio Fabry Otte, coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del GORE metropolitano explica que el objetivo primero de la MEH es “evitar el racionamiento del agua de consumo urbano, agua potable rural y también idealmente agua que nos permite tener una importante industria agrícola y para los ecosistemas, pero sobre todo para evitar el racionamiento hídrico”. Y, paralelamente, la idea es avanzar en la instalación de un “órgano permanente que permita gestionar el recurso del agua de manera sustentable, un Consejo de Cuenca que está en proceso de co-creación. Existe una iniciativa del gobierno central, un apoyo a los gobiernos regionales para que tengamos estos Consejos”.
“No queremos replicar iniciativas o instancias, sino que queremos estar alineados tanto con el gobierno central como con los gobiernos locales”, subraya Fabry. “Los gobiernos regionales somos en realidad muy jóvenes, en términos de ser un ente que le responde a la ciudadanía y no al gobierno central, lo que ocurre recién desde junio del año pasado, cuando se eligen los gobernadores de manera democrática (…) Tenemos un rol muy importante de tener esta mirada territorial de toda la región, por eso para nosotros es relevante que los Consejos de Cuenca se hagan bajo el alero de los GORE, de forma coordinada con los ministerios del gobierno central y con los gobiernos locales, que son los municipios”.
Principales desafíos
Una de las limitantes para el funcionamiento inmediato y efectivo de un Consejo de Cuenta es la ausencia de una ley que respalde su existencia formal. Dourojeanni comenta que en los países con este tipo de institucionalidad normalmente hay una ley -de Agua o de Recurso Hídricos- que dentro de sus normas establece la existencia de órganos de cuenca. “En Chile eso no existe. El Código de Aguas no se refiere a los Consejos ni a ninguna instancia para coordinar multisectorialmente. Están las OUAs, pero son de usuarios (con derechos de aprovechamiento de agua, DAA) y se dedican a temas de distribución de agua. La mirada del Consejo va más allá, no solo la distribución -porque participan las OUAs-, sino que van a atender las actividades que se realizan en el territorio y cómo afectan al ciclo hídrico”.
Consultado sobre otros retos al momento de crear estas instancias deliberantes a nivel de cuenca, el profesional de FCh destaca “la necesidad de participación tanto del sector público, sector privado, y de la sociedad civil (incluida la academia) en estos espacios; si falta uno de ellos o están débilmente representados, el Consejo de Cuenca no va a funcionar de buena forma, porque necesariamente se tienen que coordinar esos sectores”. Se necesita, agrega, el compromiso de todos con un objetivo común: la seguridad hídrica. Esto, dice “es difícil de resolver cuando tiene un carácter voluntario”.
Entonces, mientras no exista una ley que obligue la participación, “el desafío es que estén todos debidamente representados en el Consejo de Cuenca y que lo vean como la forma de solucionar sus propios problemas y de actuar articuladamente”. Esa representación, añade, debe ser equilibrada, “que no exista mayor poder de un sector sobre otro”.
Al no existir esta institucionalidad donde todos los actores converjan y decidan en conjunto, dice Dourojeanni, “lo que ha sucedido hasta ahora es que, por ejemplo, las primeras secciones de los ríos se juntan, llegan a acuerdo, pero no pactan con las secciones más abajo; o hay ciertos sectores que se asocian, dejando a otros sectores afuera de la conversación”.
“Como la cuenca es un sistema, donde cualquier intervención que hagas va a afectar sí o sí a otros, cuando no existe una debida representación de alguna forma se afecta a otro cuando no tiene voz. (…) Por eso es importante involucrar a todas las partes. Para que el proceso sea sostenible en el tiempo no se pueden provocar acciones que tengan un impacto negativo; si bien es imposible que no vaya a tener ninguna afectación, sí se puede tratar de bajar los riesgos”, explica Dourojeanni.
En tanto, desde el GORE, Fabry explica que asumieron este desafío ahora porque “si nos quedamos esperando una ley que regule los Consejos, que diga cuáles son las competencias y atribuciones, pueden pasar meses o años, y los problemas de agua están muy presentes en el día de hoy. Tenemos que responder cuanto antes a la crisis hídrica que es por lejos el principal desafío ambiental que tiene la región Metropolitana”.
Agrega que se trata del agua para consumo domiciliario urbano, también agua potable rural, así como para la agricultura, el desarrollo productivo y los ecosistemas. “Nuestra región es tremendamente importante para la agricultura; por ejemplo, el 28% de las hortalizas de Chile se producen en la región Metropolitana (…) nos interesa tener un país que sea resiliente y con su capacidad agrícola intacta”, dice el coordinador de Medio Ambiente del GORE de Santiago.
Para lograrlos, señala Fabry, se requiere llegar a acuerdos que vayan más allá de pactos bilaterales, y que se alcancen en el marco de una “institucionalidad que tenga validez y permita hacer un uso sostenible del agua. Esa institucionalidad, en general en el mundo son los Consejos de Cuenca”.
“Estamos lejos aún de llegar a un Consejo de Cuenca en Santiago. Estamos recién sentando las bases, sentando las confianzas, las reglas del juego”, comenta Fabry en relación a los encuentros sostenidos hasta ahora. De todos modos, es optimista, es particular porque la respuesta a la convocatoria del gobernador Orrego ha sido “extraordinaria”, dice. En las sesiones de la Mesa de Emergencia Hídrica ha habido más de 60 representantes de todos los sectores, mientras que en la primera mesa temática destinada al Consejo de Cuenca hubo más de 30 representantes.
Pasos y plazos
De acuerdo a los análisis realizados y a la experiencia internacional, las funciones del Consejo de Cuenca están íntimamente ligadas con los Planes Estratégicos de Gestión de Recursos Hídricos. “El Consejo y el Plan son un medio para conseguir la seguridad hídrica”, explica Dourojeanni.
Entre otras características, estos planes deben surgir de un proceso de participación y en ellos se establecen las acciones que son prioritarias para ejecutar en la cuenca, con indicadores, metas, responsables, etc. Además, son un proceso de mejora continua, con revisiones periódicas -normalmente cada cinco años- donde se evalúan los resultados y se perfecciona lo que no fue bien implementado.
Debido a la profundidad de la crisis hídrica en el país, Dourojeanni aclara que la idea es avanzar ahora para hacer un Plan aprovechando lo que ya existe. En Chile, detalla, existen planes estratégicos que están establecidos en el Código de Aguas y en la recientemente promulgada Ley de Cambio Climático, donde se le entregan más objetivos a este instrumento.
En el caso de la cuenca de Maipo, la Dirección General de Aguas (DGA) dio a conocer hace poco el plan estratégico; asimismo, Escenarios Hídricos 2030 ha estado elaborando en conjunto con actores territoriales, una hoja de ruta para esta cuenca; también el Fondo del Agua Santiago-Maipo tiene un plan estratégico, por mencionar algunos. Entonces, dice el especialista de FCh, se está trabajando para integrar todos los planes y levantar la información de todas las acciones que estén realizando actualmente las organizaciones que están participando en la Mesa de Emergencia Hídrica. Con este material se elaborará un plan de acción de la cuenca, determinando medidas de corto, mediano y largo plazo. El Consejo de Cuenca, una vez establecido, tendrá como objetivo la implementación de ese plan, que contendrá, al menos en un principio -explica el profesional de EH2030-, una cartera de acciones y un compromiso de ejecución de un porcentaje de ellas en el periodo 2022-2023. Por ejemplo, entre esas acciones puede haber una cierta cantidad de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), medidas de eficiencia, de gestión, mejoras en fiscalización, en monitoreo de extracciones, seguimiento a la aprobación del reglamento para uso de aguas grises, etc.
“El propósito final, más que implementar proyectos, es mejorar la situación hídrica de la cuenca. Lo que tenemos que preocuparnos es que a nadie en la cuenca le falte agua”, resume el experto.
Con ese propósito, comenta Dourojeanni, se está trabajando de forma paralela en la elaboración del Plan y “en el diseño del Consejo, mediante la creación de un reglamento, de estatutos, etc., para definir las reglas del juego del proceso, objetivos, roles, funciones, composición y representatividad, resolución de conflictos, etc. Ese diseño va a ser consensuado con lo que llamamos grupo promotor o impulsor, que es básicamente la Mesa de Emergencia Hídrica”.
Sobre el mismo punto, Mauricio Fabry destaca la existencia de planes para la cuenca que deben ser utilizados. “Nuestro interés es no repetir algo que se haya hecho, y en el tema de agua hay muchísima información relevante, es un tema que diría casi sobre diagnosticado (…) Por lo tanto, tenemos que pasar a la acción; para eso hemos convocado a la mesa de emergencia y una de las acciones de esa mesa es que tengamos -producto de un proceso de co-creación- instaurado en un periodo acotado, ojalá no más de un año, un Consejo de Cuenca que, además, tenga las atribuciones y sea vinculante, para que las decisiones que ahí se tomen se puedan respetar y llegar a un uso sustentable del recurso hídrico”.
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Opinión: Aguas: la muy inconveniente institucionalidad que se propone (10/08/22)
Entre los cambios incorporados en la propuesta constitucional se incluye uno radical en la institucionalidad para la gestión del agua. A estas instituciones les corresponde formular e implementar las políticas públicas sobre el tema, aplicar el marco regulatorio vigente y orientar y coordinar los esfuerzos y capacidades de los distintos actores, en el ámbito público y privado. De esa forma, la institucionalidad del agua condiciona las actividades de múltiples sectores que constituyen la base de la actividad productiva a lo largo del país.
En el caso de Chile, la estructura institucional del agua responde a una evolución más que centenaria, que ha permitido un elevado abastecimiento de agua a la población y el desarrollo exitoso de la agricultura de riego, la hidroelectricidad y de muchas otras actividades. Sin embargo, también es cierto que existe amplio consenso en la necesidad de introducirle importantes modificaciones, tanto a nivel nacional como en las cuencas.
En el nivel nacional, se detecta la necesidad de disponer en el sector público de una entidad que ejerza el liderazgo político del tema, permita la formulación e implementación de una política nacional, y articule y coordine los numerosos actores públicos y privados que intervienen en la gestión del agua.
En el ámbito de las cuencas se requiere incorporar un espacio de colaboración público-privado, incluyendo la participación de la sociedad civil con intereses en ella, más allá de los detentadores de derechos de uso de agua. Esta institucionalidad debe poder identificar una visión compartida de su desarrollo en el mediano y largo plazo (considerando el impacto del cambio climático), para ser materializada en un plan director, que impulse y coordine las iniciativas de interés común y gestione las múltiples interacciones y externalidades que se presentan.
Frente a este diagnóstico, los constituyentes fueron más allá de enunciar los lineamientos generales de una propuesta, y optaron por establecer en la propia Constitución –y no en la ley o reglamentos, como habría correspondido– un diseño particular y detallado, elaborado en un marco de escaso debate y participación de los sectores relacionados con el tema, que cambia por completo la actual gestión del agua en el país.
Así, el diseño institucional propuesto crea una Agencia Nacional del Agua, de carácter autónoma, que tendría por función “liderar y coordinar a los organismos con competencia en materia hídrica” y “velar por el cumplimiento de la Política Nacional Hídrica que establezca la autoridad respectiva”.
Creemos que esta propuesta no es adecuada para responder a las necesidades detectadas. En efecto: ¿es posible imaginar que una entidad autónoma del Gobierno pueda ejercer un liderazgo efectivo cuando se trata de impulsar y coordinar políticas públicas relacionadas con al menos 7 ministerios (Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente, Minería, Energía, Vivienda, Economía)? ¿Qué responsabilidad política le será exigible frente a desafíos concretos del sector? ¿Acaso no es la fórmula perfecta para un escenario de disculpas, acusaciones cruzadas y conflictos institucionales?
Este es un tema que se viene estudiando hace ya tiempo. Por ejemplo, en el marco de la Mesa del Agua, organizada por el pasado Gobierno y con participación transversal de distintos sectores, se concordó el envío al Congreso de un proyecto de ley que optó para la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos, dejando de lado la idea de una Agencia del Agua de carácter autónomo. En esa instancia se concluyó que lo que el país requiere, para hacer frente a los severos desafíos del sector, es una institucionalidad con un liderazgo fuerte, dentro de la Administración central, con todo el respaldo político del Gobierno, y no una entidad externa al mismo, que diluya su responsabilidad ante la ciudadanía.
En el nivel de las cuencas, la propuesta constitucional considera la creación de “consejos de cuencas”, que serán los responsables de la administración de las aguas. En su conformación se establece que deberán tener “presencia los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca”, sin perjuicio de que su diseño detallado se entrega a la ley. Además, estos consejos deberán acordar el Plan de Manejo Integrado de la Cuenca, el que será presentado por el Gobierno Regional a la Asamblea Regional, la que lo podrá “aprobar, rechazar o proponer modificaciones”.
La necesidad de crear “consejos de cuenca” no es una idea nueva y viene planteándose reiteradamente en distintos informes en los últimos 30 años. Sin embargo, la propuesta constitucional presenta diferencias sustanciales con los análisis anteriores, al punto que sus implicancias en la gestión del agua se alejan por completo de los objetivos originales que se tenían para su formulación. Al respecto, existen 3 materias principales que marcan dicha diferencia: el papel del Estado nacional en los consejos de cuenca; la aprobación del plan de manejo integrado de cuencas por la Asamblea Regional; y la facultad de veto entregada a los pueblos originarios.
En relación con el rol del Estado nacional, en el texto propuesto su participación en el Consejo de Cuencas es prácticamente ignorada. Esa aproximación contrasta con propuestas de informes anteriores, en las que los consejos se conciben con un marcado carácter público-privado y donde, en una relación de colaboración, se busca la convergencia de los aportes e intereses locales y nacionales, reflejando en forma realista el papel que cumple la Administración Central, representando el interés público y apoyando importantes iniciativas que se desarrollan en las cuencas. Al respecto conviene destacar que no es concebible construir un plan exitoso a nivel de las cuencas sin los aportes y la coordinación con las políticas públicas de carácter nacional (por ejemplo: agua potable rural, desarrollo agrícola, biodiversidad, contaminación, cambio climático, etc.).
Tampoco es posible concebirlo sin considerar sus impactos en la economía de otras zonas y a nivel nacional, considerando, por ejemplo, que la energía de una central hidroeléctrica afecta al país en su conjunto o que más del 80% de las exportaciones son dependientes de la gestión del agua, incidiendo directamente en la balanza de pagos. Además, en el caso de Chile, un país con más 100 cuencas, el reducido tamaño de las mismas hace imprescindible el apoyo de las instancias nacionales (en Francia, que se ha tenido como ejemplo, se dividió el país en 6 Agencias).
En lo que respecta a la aprobación del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca por la Asamblea Regional, es necesario destacar que este podrá considerar restricciones, exigencias y prohibiciones relativas al uso del agua, de modo que gran parte de las actividades económicas de la cuenca dependerán directamente de su contenido. Así, bastará que una actividad resulte objetada por la mayoría política de la asamblea para que pierda o vea afectado su acceso al agua. Además, en un escenario en el que los aprovechamientos hídricos se basan en autorizaciones de uso susceptibles de ser modificadas o revocadas, sin posibilidad de indemnización, los costos que pudiera implicar a los terceros afectados no resultarán relevantes para su aprobación. Del mismo modo, tratándose de un órgano regional, los intereses nacionales no estarán presentes en sus resoluciones. Por estas razones es posible prever que el Plan no será un instrumento que oriente los esfuerzos públicos y privados para una mejor gestión del agua, sino que reflejará solo los objetivos y preferencias políticas de la Asamblea Regional, sin consideración de las implicancias para la economía nacional y de los impactos en los particulares y la paz social.
Finalmente, está el complejo veto que se entrega a las comunidades indígenas en materias regionales que puedan afectarles. Se trata de una facultad que, en lo relativo al funcionamiento del Consejo de Cuencas y en la aprobación de los Planes de Manejo Integrado, estará presente en numerosas cuencas a lo largo de todo el país. Al respecto, es fácil prever las enormes consecuencias de esta medida. Solo a modo de ejemplo, es evidente que todo el desarrollo hidroeléctrico asociado al río Biobío no habría podido realizarse. Nos preguntamos si corresponde entregar este poder a un grupo de chilenos.
En conclusión, el diseño institucional propuesto para la gestión de las aguas no soluciona los problemas existentes y, más aún, los incrementará y creará otros nuevos y graves, incorporando riesgos e incertezas en las actividades asociadas al aprovechamiento de las aguas.
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Opinión: El agua en la propuesta de nueva Constitución (10/08/22)
Mucho se habla de lo que se escribió en la propuesta de nueva Constitución, pero poco desde una perspectiva no apasionada, con evidencia, sin caer en slogans. Para nadie es un misterio que la crisis hídrica nos ha hecho ver la necesidad de regular el acceso y abastecimiento de agua. Estudios como el de “escenarios hídricos”, de la Fundación Chile en 2019 o el primer informe de la Mesa Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas de 2020, confirman que es necesario reglar el acceso al agua en el país.
La Teoría Económica nos dice que la mejor forma de asignar un recurso escaso es a través del mercado, a no ser que existan fallas como monopolios naturales, selección adversa, externalidades positivas o negativas, la presencia de bienes públicos, entre otras. En estos casos es necesario que una entidad pública tenga las atribuciones para regular el acceso para realizar una gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca. Al ser definida el agua como un bien nacional de uso público para consumo humano, doméstico y saneamiento, pero con la necesidad de que el recurso asegure un caudal mínimo ecológico de ríos y usos comunitarios ancestrales, y que, posteriormente, pueda ser utilizado para otros usos, como comerciales e industriales, las misiones del organismo público encargado del agua serán varias.
Entre los retos prioritarios estarán la construcción de una instancia de análisis y conocimiento de los problemas de agua de la cuenca; coordinar las iniciativas orientadas a la materialización de las soluciones a dichos problemas, entre otros, pero también debiera atender temas que requieren soluciones urgentes e integrales en las cuencas, como el manejo de las externalidades generadas por cambios tecnológicos, del uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales, por mencionar algunas. En este escenario, ¿los Consejos de Cuenca o la Agencia Nacional del Agua que propone la propuesta de nueva Constitución pueden cumplir este rol?, o ¿puede convertirse en un organismo burocrático que muchas veces ejecuta decisiones que atentan contra la equidad en la distribución del agua, como vemos cuando un funcionario favorece a ciertos usuarios por sobre otros? La respuesta a ambas preguntas es sí. ¿De qué dependerá que se convierta en un organismo eficiente o no? La propuesta de nueva Constitución señala que “la ley regulará las atribuciones, el funcionamiento y la composición de los consejos de cuenca. Estos deben integrarse, a lo menos, por los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo”.
Entonces, dependerá precisamente de todos nosotros, como sociedad, que, en la ley y en los mecanismos de supervisión, se diseño un sistema apropiado, riguroso y técnico, que busque el mal común.
Fuente:
https://www.eldinamo.cl/opinion/El-agua-en-la-propuesta-de-nueva-Constitucion-20220809-0056.html
Conoce los resultados de estudio de «Análisis Oferta Hídrica y su Impacto en la Agricultura Zona Centro de Chile» (09/08/22)
La ceremonia de presentación de resultados estuvo encabezada por la directora ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), Katherine Araya Matus, y por el coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Claudio Cortés.
Además, la actividad contó con la presencia de las y los Secretarios Ministeriales de la cartera de Agricultura de las regiones Metropolitana, Nathalie Joignant, del Libertador Bernardo O’Higgins, Cristián Silva, y del Maule, Ana Muñoz.
La escasez hídrica, provocada por la sequía y la desertificación son algunas de las problemáticas que impactan significativamente la oferta de agua disponible en los territorios afectados, lo que hace imprescindible ocupar información precisa sobre los niveles de oferta y demanda de los diversos caudales que fluyen en nuestro país, para así administrar su uso eficiente.
Mandatado por la Comisión Nacional de Riego (CNR) y ejecutado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), este proyecto denominado “Análisis Oferta Hídrica y su Impacto en la Agricultura Zona Centro” determinó la evolución de la demanda de agua de riego y la oferta hídrica de las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule, provenientes de las cuencas del Río Maipo, Río Rapel, Río Mataquito y Río Maule, que concentran el 60% del área regada para la producción hortofrutícola del país.
El estudio también pronosticó los caudales medios de cada cuenca basándose en el seguimiento de la cobertura hídrica durante la temporada de riego, junto con una estimación de las superficies efectivamente regadas y del uso de suelo de las zonas analizadas, mediante la evaluación con herramientas geomáticas.
Los resultados permitieron conocer el balance entre la oferta y la demanda hídrica, es decir, el equilibrio entre el agua que se utilizó en comparación con la que se generó, determinando con certeza el estado de las reservas hídricas, sobre todo las nivales. Para dar a conocer estos datos, el estudio generó un producto computacional disponible gratuitamente para toda la comunidad. La interfaz permite al usuario modelar hidrológicamente las cuencas involucradas en el estudio y pronosticar los caudales disponibles en la cabecera de la cuenca para la temporada 2022-2023.
El coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego, Claudio Cortés, afirmó que “este proyecto cobra especial relevancia en el actual escenario de crisis hídrica y climática, dado que este tipo de herramientas, que incorporan mayor tecnología, permite a las organizaciones, a las juntas de vigilancia, mejorar la gestión de los recursos hídricos disponibles”.
En tanto, el profesional a cargo del proyecto, el ingeniero agrónomo, Horacio Merlet, destacó que “sus resultados son fundamentales para la toma de decisiones en mediano y largo plazo de la organizaciones de usuarios de agua, los productores y las empresas agrícolas de las regiones Metropolitana, O’Higgins y el Maule.”
Esta herramienta está disponible para descargar en la web de repositorios GitHub www.github.com/ccalvocm/Demo-SRM, en ella se incluyen las instrucciones de instalación.
Fuente:
Últimas precipitaciones permitieron recuperar el nivel de acumulación de agua en distintos embalses de Maule. (12/08/22)
Fuente:
